Ha comentado en el artículo La revolución de Rajoy en el Mercado Laboral
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No entro a valorar el precio justo compatible con la competitividad, pero la lógica de la indemnización por despido debe ser la exclusividad. Por ello, va en relación con la antigüedad. A más antigüedad (en exclusiva) más indemnización. Algo así como la pensión de compensación en separaciones y divorcios. Se justifica por el compromiso que, asumido durante años, limita los medios y posibilidades de uno de los cónyuges. Cuando además, en lo laboral, cada vez son más los puestos y empresas que nos llevan a una especialización poco útil fuera de las mismas.
Las compañías exigen a sus empleados que trabajen en exclusiva para ellas, pero esto conlleva un riesgo para el trabajador que se debe compensar de algún modo: Bien con una clausula que le proteja si dicha relación se rompe por decisión unilateral de la organización, bien con un paraguas público suficientemente amplio. En otros países, la indemnización privada (la de la empresa) – lo que asociamos al concepto ‘flexibilidad’ – es verdad que es menor que en España, pero la protección pública (prestación por desempleo) mucho mayor y duradera. Por no hablar del resto de servicios que provee el Estado.
Se trata, pues, de elegir o de buscar el equilibrio entre la responsabilidad privada de las compañías y la solidaridad colectiva ante quien se ve perjudicado y más o menos indefenso. Imaginemos a un autónomo que le pide exclusividad a un proveedor. Seguro que éste también le exige alguna clausula de salvaguarda; o a una compañía que pide lo mismo de un autónomo. Es lógico es que el mismo cobre una cantidad superior a la de un empleado con funciones equivalentes. Es al primero a quién le corresponde crear su propia red (colchón) de seguridad. Cuando además, la contratación, per se, es un acto de responsabilidad del que deben tomar conciencia legal las empresas. Se juega no sólo con la carrera y realización profesional de una persona sino también con el sustento de una familia.