Blog de Consumerista

Reflexiones sobre consumo, responsabilidad civil, sanidad, medioambiente y ciudadanía.

Etiqueta "sentencia": 40 resultados

Nulidad de preferentes, subordinadas, acciones de las ampliaciones de 2012 y 2016 y préstamo para comprar acciones

La alteración de la contabilidad del Banco Popular no se produjo de cara a la ampliación de capital de 2016, sino que viene del origen de la crisis económica: ya en el año 2008 había más de 2.000 millones de deterioros no contabilizados, según el informe del Banco de España. Esto permite reclamar la anulación -o la indemnización de los perjuicios patrimoniales- de compras realizadas desde esa fecha.

En un único procedimiento he reclamado la nulidad de la suscripción por un matrimonio y por la difunta madre del esposo de una serie de suscripciones de productos del Banco Popular: les colocaron participaciones preferentes emitidas en 2009; obligaciones subordinadas emitidas en 2011; acciones de las ampliaciones de capital de 2012 y 2016; y además, para la compra de acciones de 2016, les ofrecieron un préstamo, a pesar de estar expresamente prohibido por la Ley de Sociedades de Capital que se financie la compra de acciones propias sin realizar las dotaciones correspondientes (lo que anula el efecto de la ampliación de capital). La Juez considera probado que no el personal del Banco no informó a los clientes de las características y riesgos de las preferentes y subordinadas ni evaluó previamente su idoneidad; y, por otro lado, que el Banco tenía alterada su contabilidad desde antes de realizar la ampliación de capital de 2012, por lo que anula todas esas adquisiciones, que tuvieron un importe global de 120.000 €. Además, anula el préstamo concedido para comprar acciones, puesto que al anularse la compra de acciones el préstamo queda sin causa. Y condena al Banco Santander al pago de las costas del procedimiento.   Leer más

La Audiencia Provincial de Asturias confirma la nulidad de dos hipotecas multidivisa

La Audiencia Provincial de Asturias ha dictado dos nuevas sentencias que confirman la nulidad, ya acordada por el Juzgado de 1ª Instancia, del clausulado multidivisa de sendos préstamos hipotecarios concedidos por Bankinter.

En este artículo ya expliqué que había cinco sentencias del Tribunal Supremo que anulaban el clausulado multidivisa de los contratos de préstamo hipotecario de otros tantos bancos por su falta de transparencia, siguiendo el criterio del TJUE; que el Juzgado de 1ª Instancia nº 6 de Oviedo, el especializado en cláusulas abusivas, había estimado cuatro demandas que yo había defendido, y otra más que ya había sido confirmada por la Audiencia Provincial; y en este otro artículo comenté una sexta sentencia del Tribunal Supremo, que añade otro motivo más para declarar la nulidad del clausulado multidivisa por su falta de transparencia: la ausencia de información relativa al margen de beneficio que aplica el Banco en el cambio de divisa, tanto a la entrega del capital como en cada pago mensual como cuando se sustituye la divisa de referencia por otra; ese margen de beneficio supone un encarecimiento considerable del préstamo que se oculta a los clientes y que además es injustificado, ya que no hay operaciones reales de cambio de divisa: la referencia al yen, franco suizo, etc, no es más que una referencia virtual para cuantificar el capital adeudado y las cuotas mensuales, pero sin que se ejecuten movimientos reales de compra o venta de divisas.   Leer más

Informe del Abogado general sobre los acuerdos relativos a la cláusula suelo

Tras la sentencia del Tribunal Supremo de 9 de mayo de 2013 que declaró la nulidad de las cláusulas suelo pero limitando la obligación del Banco de devolver lo que hubiese cobrado en exceso a las cantidades posteriores a la fecha de esa sentencia, se puso en duda la validez de esta limitación porque podría contravenir la Directiva 93/13 sobre cláusulas abusivas impuestas a los consumidores y la reiterada doctrina del TJUE de que es cuestión de orden público que los jueces eliminen de oficio todas las consecuencias de las cláusulas abusivas. Por ello, se planteó cuestión prejudicial ante el TJUE para que éste aclarase si lo decidido por el Tribunal Supremo era o no admisible. El TJUE resolvió por sentencia de 21 de diciembre de 2016 que no se pueden restringir las consecuencias de que una cláusula sea abusiva, por lo que los bancos debían reintegrar la totalidad de lo cobrado. En el período en que la cuestión prejudicial estuvo en trámite, la banca elaboró una estategia dirigida a mitigar las consecuencias de una eventual sentencia desfavorable del TJUE, sobre todo tras le informe de la Comisión, muy favorable a eliminar la restricción impuesta por el Tribunal Supremo. A tal efecto, ofreció a muchos de sus clientes novaciones o acuerdos para reducir o eliminar el suelo, pretendiendo que con ello se adaptaban a las circunstancias del mercado y que mostraban cómo se preocupaban por mejorar las condiciones de sus clientes; pero esos acuerdos imponían la renuncia a reclamar la restitución de lo ya pagado en exceso y a impugnar el nuevo tipo mínimo de interés. En otros casos, cuando los clientes reclamaban extrajudicialmente la nulidad del suelo, aceptaban eliminar o reducir el suelo, igualmente imponiendo la renuncia a reclamar la restitución de lo pagado indebidamente.   Leer más

Sentencias ganadas sobre acciones y obligaciones del Banco Popular y Banco Pastor

Seguimos con la defensa de quienes tenían acciones y otros productos de capital del Banco Popular y antes del Banco Pastor; en otras entradas anteriores del blog ya di cuenta de algunos casos ganados de acciones en los Juzgados y en la Audiencia Provincial y de obligaciones subordinadas, e incluso de obligaciones convertibles ya de antes de la intervención del Banco; y de las dificultades que han surgido por una sentencia del Tribunal Supremo y otras sentencias y un acuerdo de la Audiencia Provincial de Oviedo. Ahora publico las sentencias conseguidas en los últimos meses, con otros muchos procedimientos en trámite:

-Sentencia de 2 de enero de 2020 del Juzgado de 1ª Instancia nº 1 de Siero que anula la compra de derechos y acciones en la ampliación de capital del Banco Popular de 2016, por importe de 20.239 euros.   Leer más

Posibilidades de defensa en las ejecuciones ya tramitadas

En la actualidad existen aún muchas ejecuciones judiciales en trámite en que se están aplicando cláusulas abusivas sin que el Juez haya tenido la posibilidad de anularlas. En otros casos, se ha terminado la ejecución en las mismas condiciones, sin que el Juez haya podido anular las cláusulas abusivas que permitieron la ejecución o que influyeron en la determinación de la deuda reclamada. Vamos a examinar a continuación qué pueden hacer los consumidores afectados, porque en muchos casos aún van a poder defenderse e incluso recuperar lo que hayan pagado en exceso.

La redacción original de la LEC no permitía el control de las cláusulas abusivas conforme a lo exigido por la Directiva 93/13

En la redacción original de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) no se preveía ninguna vía que permitiese al Juez depurar las posibles cláusulas abusivas que se encontraran en los contratos celebrados con consumidores cuando el profesional o empresa presentaba una demanda ejecutiva o de procedimiento monitorio; además, en la regulación del procedimiento ejecutivo tampoco se oponerse alegando que se estaban aplicando cláusulas abusivas. Esto dio lugar a que se planteasen al TJUE sendas cuestiones prejudiciales para que se pronunciase sobre la eventual incompatibilidad de la LEC con la Directiva 93/13, de cláusulas abusivas impuestas a los consumidores, puesto que numerosas sentencias del TJUE venían diciendo desde hacía años que la anulación de las cláusulas abusivas impuestas a consumidores es una cuestión de interés público europeo y que por ello los tribunales deben anularlas y eliminar todos sus efectos actuando incluso de oficio, es decir, que pueden y deben anularlas y suprimir sus consecuencias lesivas por su propia iniciativa, sin necesidad de que el consumidor se defienda.   Leer más

Sentencia del TJUE de 3 de octubre de 2019 sobre la hipoteca multidivisa y la protección contra cláusulas abusivas

La sentencia del TJUE de 3 de octubre de 2019 resuelve cuatro cuestiones planteadas por un tribunal polaco a propósito de una hipoteca referenciada en una divisa extranjera de forma que su planteamiento y respuestas tienen interés en varios sentidos para la defensa de consumidores y usuarios.

La imposición de un mayor coste por el cambio de divisa es abusiva.

Una primera cuestión se suscita no por la respuesta del TJUE sino por el punto de partida de las cuestiones que plantea el tribunal polaco, que es la existencia de una cláusula abusiva, cuya nulidad ha de tener unas consecuencias sobre las que consulta al TJUE.

Pues bien, se parte de que el contrato de préstamo en divisa extranjera contiene unas cláusulas abusivas, en concreto las que regulan que el capital del préstamo se va a entregar en moneda nacional, en la cifra correspondiente al precio de compra del franco suizo; mientras que las cuotas mensuales tendrán un importe a calcular en función del precio de venta de la misma divisa. El hecho de que en un caso se remita al precio de compra de la divisa y en otro al de venta origina un margen de beneficio para el prestamista/un mayor coste para el consumidor que es indeterminado, queda a la discreción del propio prestamista, y el consumidor no puede preverlo ni calcularlo, además de que, con toda seguridad, el prestamista no le habrá advertido de este mayor coste y el consumidor no será consciente de él.   Leer más

Sentencias que acuerdan la nulidad de las hipotecas multidivisa

En los años 2007 y 2008 varias entidades bancarias colocaron a numerosas personas que querían financiar la compra de vivienda, de locales u otras operaciones un préstamo multidivisa: habitualmente un préstamo en yenes, pero que también podía ser en francos suizos u otras divisas. Presentaban esta oferta como extraordinariamente ventajosa: los tipos de interés para el yen japonés eran mucho más baratos que los del euro, por lo que la cuota a pagar mensualmente era muy inferior y también se amortizaba antes el préstamo. Con frecuencia la información precontractual se limitaba a una presentación de cuánto supondrían las cuotas en yenes, francos suizos y euros, de forma tan expresiva de las economías que suponía contratar en yenes que parecía imposible rechazar esta oferta.

Pero en esa época la cotización del yen se encontraba en mínimos históricos y había previsiones de que esto había de cambiar, como efectivamente ocurrió a partir del otoño de 2008, con lo que estos préstamos hipotecarios se elevaron sustancialmente y muchas personas no pudieron pagar o debieron hacer grandes sacrificios, no previstos, para poder soportar el coste del préstamo; además el capital adeudado se elevaba en la misma proporción en que se encarecía el yen, de modo que las víctimas de estos préstamos tan ventajosos se encontraron con que después de estar pagando cuotas mensualmente durante años debían una cantidad en euros superior al capital que habían solicitado en su día.   Leer más

Cuestiones de importancia en las conclusiones del Abogado General sobre el IRPH

Las conclusiones que ha presentado el Abogado General en la cuestión prejudicial planteada ante el TJUE sobre el IRPH incluye varios pasajes y razonamientos que son muy relevantes para este caso y, en algún caso, también para la defensa de los consumidores en general; también existe alguna carencia llamativa y contradicciones o incoherencias significativas. Lo examino todo ello a continuación.

La postura del Estado español.

Una primera cuestión que llama la atención es que el Estado español haya presentado alegaciones en defensa de la banca y en contra de los consumidores. Es decir, el Estado no sólo no ha actuado en defensa de la parte más débil en la posición contractual (fundamento de la existencia de una rama relativamente nueva del Derecho como es el Derecho del Consumo; y que el TJUE viene considerando como cuestión de orden público); mucho menos ha adoptado una postura neutral ni ha hecho alegaciones objetivas tratando de aclarar al TJUE los antecedentes del caso en el Derecho y la jurisprudencia españoles: por el contrario, sus alegaciones tratan de eludir la cuestión jurídica que verdaderamente centra la problemática del IRPH (cómo se ha impuesto a los prestatarios, de una forma engañosa) sobre la que ha de dictaminar el TJUE, partiendo de la realidad social, para desviar la atención a otra cuestión marginal que es irrelevante en cuanto al fondo (aunque es la que utilizó el Tribunal Supremo para dar la razón a la banca en su sentencia de 14 de diciembre de 2017: que el IRPH es un índice aprobado y regulado por una norma y supervisado por el Banco de España). El Estado español ha demostrado una vez más que está capturado por los grandes poderes económicos, cuyos intereses sirve incluso con un Gobierno como el actual, que se presenta como progresista.   Leer más

La Sentencia del Tribunal Supremo sobre la imposibilidad de anular la compra de acciones en Bolsa contradice al TJUE

Hace unos días comenté sucintamente la sentencia del Tribunal Supremo de 27 de junio de 2019 que declaró que no se puede dirigir una demanda de anulación de una compra de acciones en Bolsa contra el emisor (Bankia, en ese caso) de las acciones porque se trata de una operación compleja en que intervienen una serie de personas físicas y jurídicas: comprador y vendedor, sociedad cotizada, sociedad que gestiona el mercado bursátil, las sociedades que intervienen en nombre del vendedor y el comprador. Esa sentencia mantiene la posibilidad de demandar al emisor reclamándole el resarcimiento de las pérdidas que el inversor haya sufrido como consecuencia de la información no veraz que publicase sobre su situación financiera (art. 124 del Texto Refundido de la Ley del Mercado de Valores).

Esta cuestión, sin embargo, había sido ya resuelta en sentido opuesto por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en su sentencia de 19 de diciembre de 2013 en el asunto C-174/12, de la que también di noticia en este blog. El propio Tribunal Supremo citó esta sentencia cuando resolvió por primera vez el caso Bankia en sus sentencias de 3 de febrero de 2016 a las que me referí aquí.   Leer más

Sentencia sobre el canje de preferentes y subordinadas de Bankia por acciones, de interés también para el caso Popular

El Pleno de la Sala Primera del Tribunal Supremo ha dictado una sentencia con fecha 2 de julio de 2019 que resuelve la demanda de indemnización de daños y perjuicios que presentó una sociedad que había comprado participaciones preferentes y obligaciones subordinadas de Bancaja por importe de algo más de 1.600.000 euros. En el curso de las sucesivas actuaciones que se siguieron para intentar recapitalizar las cajas de ahorro que se integraron en Bankia y luego al propio Bankia, en marzo de 2012 éste ofreció a la sociedad canjear esos títulos por acciones, a las que atribuyó un valor unitario de 3,10 €, partiendo de que afirmaba que el Banco cumplía sobradamente con las exigencias de capitalización y solvencia y tenía beneficios, tal como había afirmado ya con ocasión de la OPS de su salida a Bolsa, el mes de julio de 2011; posteriormente, la sociedad vendió las acciones en Bolsa por un precio total de poco más de 115.000 €, por lo que reclamó que el Banco le indemnizase en las pérdidas sufridas.   Leer más

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  • Consumerista

    Soy abogado especialista en Derecho del Consumo, sobre todo bancario y de seguros.

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