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Bonistas enojados con la oferta argentina amenazan con ir a los tribunales de Nueva York

Bonistas enojados con la oferta argentina amenazan con ir a los tribunales de Nueva York

La situación de Argentina indudablemente va de mal en peor, no solo por la fuerte contracción que ha tenido su economía en los últimos dos años sino también por el hecho que la aparición del Covid-19 cambió definitivamente el nuevo orden financiero mundial.

Durante la época del ex presidente Macri, para ejecutar algunos proyectos fue necesario emitir unos bonos con la finalidad de obtener dinero fresco. Lo que nunca se tomó en cuenta fue la posibilidad de incumplir los pagos de los intereses y el capital de estos bonos. 

Bonistas enojados con la oferta argentina amenazan con ir a los tribunales de Nueva York

En la actualidad Argentina no se encuentra en capacidad de honrar los compromisos que tiene con los bonistas por lo que estos están pensando seriamente acudir ante instancias judiciales.

 

Bonistas enojados con la propuesta argentina

Después de la propuesta del Ministro de Economía Martín Guzmán en la que planteó un posible escenario con planes de pago para cancelar a los bonistas, estos expresaron un desacuerdo total al planteamiento ya que según dicen ellos, el gobierno argentino pareciera querer burlarse de su buena fe debido a que hace planteamientos no reales en cuanto al desembolso del dinero.

Por otro lado, las declaraciones del presidente Fernández quien expresó que a raíz de la pandemia del Covid-19, Argentina no está en disposición de cancelar los intereses a los bonistas debido a que primero está la salud del pueblo.

Para los inversionistas esto simplemente es una excusa ya que el gobierno argentino nunca ha tenido la disposición real de cancelar la deuda que actualmente arrastra con los bonistas. Por otra parte, los comités de acreedores se están reuniendo con oficinas jurídicas de Londres y New York con el fin de recurrir a instancias judiciales para poder cobrar su deuda.

Es importante resaltar, que los fondos de inversión de mayor importancia que tienen deuda argentina y que se encuentran amparados por la ley New York, ya informaron que bajo ningún concepto están dispuesto a aceptar una reducción mayor al 50% por lo que el gobierno necesariamente deberá desembolsar los 500 Millones de dólares en un día o ir al tan temido default.

La gran mayoría de los bonistas ya expresaron que no piensan vender al precio actual a los fondos buitres y que aunque lleve tiempo prefieren ir a juicio de manera que puedan cobrarle al gobierno argentino el total de la deuda más los intereses que se devenguen en el tiempo que dure el juicio.

Un hecho realmente importante, es que si en este caso se acude a los tribunales de New York, es que ya existen precedentes judiciales primero con la misma Argentina en el 2001 y posteriormente con Ecuador en el 2003.

Lo que sí dejaron bien claro los inversores es que aunque están dispuestos a darle tiempo a Argentina para que pueda cancelar la deuda y entienden el colapso mundial producto del coronavirus, ellos necesitan garantías ciertas del pago de la deuda.

 

Falta de definiciones del Ministro de Economía preocupa a los bonistas

A partir del mes de abril de este año el ministro Martín Guzmán comenzó un proceso de negociación para tratar de replantear los métodos de pago que deberían utilizarse para cancelar los bonos a los inversores.

El punto álgido en la negociación fue el periodo de gracias solicitado por el Ministro y la contraoferta de los inversores del monto de la capitalización durante el periodo de gracia. Es por esto que expertos estipulan que el gobierno no pagara el vencimiento de los intereses para este 22 de abril por no tener el dinero suficiente para hacer frente a estos compromisos. Lo que sí utilizara el gobierno, es la opción de seguir negociando para tratar de ganar tiempo mientras se redefine la política económica Argentina.

Los bonistas están conscientes que si el gobierno quiere enfrentar con éxito los retos de la reactivación de la economía una vez que pase el shock del Covid-19, debe evitar por todos los medios caer en default ya que esto sería un contra peso que impediría el crecimientos económico.

Por otra parte, la ventaja de la ley extranjera con respecto a la protección de las inversiones con bonos, es que se puede amparar en tribunales que a la hora de un litigio indudablemente decidirán por el acreedor, por supuesto esto tiene un precio y es que se cancela un monto a las oficinas legales de New York para estar bajo su protección.

Entre tanto, Argentina está consciente que el ir a la jurisdicción de New York, representaría un duro golpe no solo para las finanzas sino para la confianza de los posibles inversores.

 

Consecuencias de caer en default

Si Argentina no cancela los intereses a los bonistas, no llega a un acuerdo con estos y el país es catalogado a nivel mundial como insolvente, inmediatamente se agudizara la crisis por lo que automáticamente el país será apartado de todos los organismos internacionales crediticios. Es decir, el país no tendrá manera de obtener dinero fresco, generando esto una contracción en la economía y por ende una disminución del PIB.

Por otra parte, para hacer frente a las necesidades internas, el gobierno de Fernández debería necesariamente depender solo de los ingresos que genera el país haciendo imposible mantener los programas sociales.

Con el default, el PIB caería aproximadamente un 2.5%, se derrumbaría el consumo y el peso perdería valor frente al dólar. Dicho de otro modo, la brecha cambiaria se dispararía porque el ciudadano común descartaría los pesos como método de ahorro e inmediatamente utilizaría los dólares como un método de refugio.

En cuanto a las inversiones, si en la actualidad con un escenario sin default la inversión ha caído un 3.5%,  hay que estimar que se el gobierno de Fernández no logra contener la situación y entra en insolvencia, la inversión se derrumbaría hasta un 5.5% llevando esto a que la inflación se dispare a valores que pueden ser superiores al 60%. En cuanto al consumo interno, este podría caer al finalizar el 2020 entre el 6 y 8%, todo esto solo demuestra la importancia de evitar que los inversores recurran a los tribunales internacionales para cobrar su deuda.

 

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